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DECLARACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS SOBRE EL CONTROL DE IMPLANTES SANITARIOS

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) quiere expresar, ante la investigación periodística llevada a cabo por un consorcio de 59 medios internacionales sobre el control de implantes de uso sanitario, en la que se refleja fallos en los controles e incidencias por el defectuoso funcionamiento de estos productos entre 2008 y 2017, su profunda convicción de que la inmensa mayoría de los aparatos, dispositivos, implantes, prótesis, órtesis y otros productos sanitarios que se utilizan por los médicos españoles cubren sobradamente los requisitos y garantías exigibles, y que los propios equipos asistenciales y profesionales con su buen criterios técnico, honestidad y compromiso profesional, actúan como garantía adicional de una buena práctica tecnológica y clínica

Igualmente, el CGCOM se reafirma en la confianza en el Sistema Nacional de Salud, en la calidad de la atención sanitaria y en particular en el papel que desarrolla la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como responsable del control y seguimiento de estos implantes y productos de uso sanitario.

Pero este mensaje de tranquilidad a nuestros pacientes no debe llevar al aletargamiento o la complacencia; hay problemas, y sólo una agenda de cambios en el sentido del buen gobierno puede aportar las garantías necesarias que hoy nos exige la población.

La exigencia de seguridad, efectividad y calidad en todos los medicamentos, productos sanitarios y tecnologías es fundamental para la profesión médica. Los Aparatos y Dispositivos Médicos (ADMs) tienen una regulación mucho menor que la de los medicamentos, particularmente en el ámbito de la Unión Europea, en comparación con Estados Unidos. En Europa no hay una agencia central para evaluarlos, y un conjunto de organismos notificadores autorizados (empresas privadas en su mayoría) pueden otorgar la Conformidad Europea (marca CE) con escasos requerimientos. 

Los intentos de mejorar esta regulación europea iniciados en 2008 concluyeron con una directiva en 2017 que no aportó mejoras sustanciales en lo referente a la evaluación previa. 

La falta de trasparencia de los registros nacionales, junto a las noticias de una fuerte acción de lobby sobre los reguladores, ha llevado a iniciativas de la investigación periodística que sitúan el problema en una magnitud muy importante, y con visos de conflictos de interés preocupantes.

Siendo la seguridad y la efectividad lo que más importa, es fundamental que la Unión Europea revise y refuerce los mecanismos de evaluación precomercialización y post-implantación, incluso si ello supone un cierto retraso para conseguir garantías de seguridad en los ADA cuyos efectos adversos puedan tener un impacto directo en la salud o la vida.

Pero también el Sistema Nacional de Salud puede añadir garantías adicionales para su uso apropiado en los centros y servicios sanitarios. La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías tiene la competencia y la capacidad legal (RDL 16/2012) para desarrollar análisis de coste-efectividad de estos productos. Lo que le falta es el músculo suficiente, y la vinculación de su asesoría experta, a la toma de decisión final de las autoridades sanitarias sobre la incorporación de esos productos a la cartera de servicios de financiación pública. Una debilidad que puede afectar a la capacidad para ejercer un eficaz seguimiento post comercialización. El tamaño del reto es claro: se calcula que los ADMs quintuplican el número de medicamentos.

Hay muchas propuestas de crear un organismo centralmente coordinado para la evaluación de tecnologías al estilo del británico NICE, que irían en el sentido de escalar hacia un tamaño razonable la capacidad del SNS y sus agencias para responder a los retos de la innovación tecnológica.

Además de seguridad, efectividad y calidad, a todos nos importan los costes. Los Servicios de Salud de las CCAA deberían avanzar, juntamente con la Red de Agencias y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en un proceso de normalización y evaluación de ADMs para determinar los tipos y modelos que aportan mayor seguridad y coste-efectividad. 

Desde el punto de vista de la Deontología médica, la eficiencia de la práctica clínica está claramente reconocida (Artículo 7.2 del Código de Deontología); por ello sería recomendable la implicación de los profesionales en grupos de expertos que  de forma trasparente y con un control de los potenciales conflictos de interés, estudiaran de los aparatos, dispositivos, implantes y otros productos sanitarios, formulando criterios técnicos y recomendaciones para su adquisición y evaluación post-implementación.

El Artículo 66.6 del Código de Deontología Médica, establece claramente que “El médico no percibirá comisión alguna por sus prescripciones ni por los materiales empleados en la atención de los pacientes ni podrá exigir o aceptar retribuciones de intermediarios”. 

Por lo tanto, cualquier conducta que se evidencie en dicho sentido activará las acciones deontológicas oportunas. Estas actuaciones son particularmente necesarias y pertinentes ante las debilidades enunciadas en los procesos de autorización existentes en Europa, así como en los estudios de evaluación de tecnologías y de adquisición que se están implementando en este momento en el Sistema Nacional de Salud español.

Hacienda se compromete con el Dr. Romero a que los cursos de formación médica no tributen

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha expresado al presidente de la OMC, Dr. Serafin Romero, el compromiso de modificar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aclarar que la formación del personal sanitario médica a través de cursos, jornadas o congresos no tributará.

Así lo ha manifestado en una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública que se ha prolongado durante más de una hora, y en la que han participado también el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernandez de Moya, y el presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Emilio Garcia de la Torre.

El ministro Montoro ha informado al presidente de la OMC que, con esta modificación, se dotará de mayor precisión a la norma, al clarificar que no tiene la consideración de rendimiento del trabajo en especie la participación de los trabajadores sanitarios en cursos de formación financiados por terceros que comercialicen bienes o servicios para los que sea necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador.

El presidente de la OMC había solicitado la reunión ante la “preocupación, incertidumbre e inquietud del colectivo médico” ante la situación generada por la entrada en vigor del mecanismo de transparencia individual de las "transferencias de valor" de la industria farmacéutica por asistencia a congresos y jornadas y ante la nota aclaratoria de la Agencia Tributaria por el que afirmaba que la misma obligaba a los médicos por lo tanto a tributar por considerarse "retribución en especie".

Tras la reunión y el compromiso de Hacienda, el Dr. Romero ha expresado a los medios de comunicación su satisfacción y agradecimiento porque esta solución que “podría afectar a la formación de los médicos y tener repercusión sobre la asistencia sanitaria, ayuda también a tranquilizar al colectivo y contribuirá a seguir manteniendo la calidad de la formación continuada y del Sistema Nacional de Salud”.

El presidente de la OMC explicó que la solución pasa por un cambio del reglamento para aclarar “qué tipo de actividades quedarán exentas de tributación” y afirmó que, una vez que el Gobierno haga la modificación del citado reglamento, esta medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2017.

“Es un paso adelante -dijo- para normalizar la situación y desde la OMC nos hemos comprometido, desde la independencia y el deber del cumplimiento de nuestras normas deontológicas a asumir la encomienda de definir el marco por el que se debería regular la formación médica en España, que sirva para despejar dudas fiscales y especialmente para garantizar la transparencia y así evitar los conflictos de interés”.

Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya ha manifestado ante los medios el compromiso del Gobierno a “la modificación de la normativa, art. 44 del Reglamento del IRPF, para clarificar una situación que ya existe sin que tengamos que incurrir en ninguna modificación legislativa, con el fin de aportar certidumbre y seguridad jurídica, en este caso, a los profesionales de la sanidad que eran los que nos han planteado en el ejercicio de nuestras competencias desde el punto de vista tributario”.

FUENTE: OMC ESPAÑA

NOTAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO SOBRE LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL DÍA 22 DE MAYO PARA MÉDICOS CON EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN

AFECTACIÓN GENERAL: Todos los profesionales médicos que presten servicios en empresas sanitarias privadas.

CASOS QUE SE PRESENTAN:

A)     Colegiados que ejercen su actividad privada a la par que la pública en régimen jurídico estatutario.

B)      Colegiados ya jubilados de su prestación pública como estatutarios que, tras su jubilación, continúan con actividad privada para empresas sanitarias privadas.

C)      Colegiados que prestan únicamente servicios en el ámbito privado para empresas sanitarias de este carácter y condición.

A) PRIMER GRUPO.- En los casos de este primer grupo de profesionales se concita la  prestación de servicios para empresas sanitarias privadas con vinculación formal  de carácter civil o mercantil a través de la suscripción de contratos de prestación o arrendamiento de servicios de ese carácter.

De forma general en todos los supuestos de formalización de contratos mercantiles de prestación de servicios ( modalidad de vinculación formalizada y querida por las partes implicadas, empresa sanitaria y profesional médico) debe cuidarse igualmente de que este vínculo deseado de carácter civil se corresponda con la realidad de la prestación; es decir que no enmascare una relación laboral  entre las partes; relación laboral que gira en torno a la dependencia que contrasta y elimina la situación de autonomía y su corolario de independencia que configura la relación civil.

No obstante, en estos últimos años, desde el 2009, con base en la disposición adicional decimoquinta de la ley 27/2009 de 30 de diciembre se dispone el encuadramiento obligatorio de los estatutarios a tiempo completo en el RETA (o mutualidad alternativa, en este caso Mutual Médica) con prohibición expresa de su encuadramiento en el régimen general.

Si bien esta disposición adicional está expresamente derogada por la Disposición derogatoria única de la vigente el general de la seguridad social, ley 8/2015 de 30 de octubre, que entro en vigor el año siguiente 2016, su contenido  se traslada de forma idéntica, sin ambages, al artículo 305, Extensión, apartado j) del Título IV Régimen especial de los Trabajadores Autónomos de la vigente Ley General de La Seguridad Social, ley 8/2015 de 30 de octubre.

Por lo tanto, con base en el contenido del precepto mencionado, es obligado entender que no cabe el encuadramiento de esa clase de personal en el régimen general, al existir una concreta previsión legal de encuadramiento, ya exclusivamente residenciada en el RETA o Mutualidad de Previsión (Mutual Médica).

Consiguientemente, la operación de encuadramiento de oficio en el Régimen General y acta de liquidación de cuotas es de todo punto nula.

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