Reunido en Junta Ordinaria el Consello Galego de Colexios Médicos, y tras estudiar y analizar las propuestas que elaboraron las diferentes juntas directivas, comisiones deontológicas y asesorías jurídicas de los cuatro colegios respecto al Plan XIDE y la instrucción de accesibilidad a las pruebas complementarias en Atención Primaria de la Conselleria de Sanidade y el Sergas, expone públicamente su posición ante las mismas.
En ninguna de las dos se afronta de forma directa el grave problema de la Atención Primaria en la línea de lo propuesto como medidas urgentes en el documento de expertos Por una atención primaria vertebradora del sistema de salud —entre las que se incluye “dignificar el desempeño que realizan los profesionales aumentando su número en los dispositivos que tengan una elevada carga asistencial y corregir el impacto de la demanda ‘bloqueante’”— implementándolas con la memoria económica, los cambios organizativos y la reorganización de los recursos humanos que sea precisa. Por el contrario, ambas iniciativas optan por alternativas parciales, desenfocadas, poco útiles y muy cuestionables en cuanto al respeto a las competencias de las diferentes profesiones sanitarias. Se generalizan planes e instrucciones en dispositivos muy diferentes entre sí, en lugar de centrarse en empoderar a los equipos de Atención Primaria —fortaleciendo, entre otras cosas, la figura del jefe de Servicio— para mejorar los procedimientos y hacer posible una atención de calidad y equidad a los pacientes.
Plan XIDE
Se trata de un triaje encubierto basado en un algoritmo no validado metodológicamente y pilotado en dos centros de salud que pretende generalizarse al resto de centros de salud de Galicia, con condiciones asistenciales muy distintas y con fórmulas de organización asistencial muy variables.
Este programa no respeta —sobre todo por condiciones estructurales no adaptadas a este tipo de gestión de la demanda— los requisitos de confidencialidad en las solicitudes asistenciales de los pacientes. Y penaliza, por defecto, a los que no deseen explicitar su solicitud según el algoritmo predeterminado.
Además, hace recaer sobre personal no sanitario (PSX) decisiones asistenciales y relacionadas con los tiempos de atención —con la responsabilidad jurídica que implica—, a pesar de que estos profesionales no están formados para ello. Por lo tanto, el plan vulnera las competencias legales de las profesiones sanitarias explicitadas en la LOPS y varios artículos del Código Deontológico, que señalan que es el facultativo quien debe fijar el tiempo necesario para cada acto médico teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada paciente.
La opinión generalizada de los PSX, los médicos y otras profesiones sanitarias que desarrollan su trabajo en Atención Primaria es que esta herramienta no va a mejorar la gestión de la demanda, y que incluso puede complicarla más.
En todo caso, se trata de un plan con todas las características de instrucción o normativa que no ha sido publicado como tal, lo que complica su impugnación razonada.
Como Consello entendemos —y así lo hemos expuesto a la Consellería y al Sergas— que la necesaria mejora en la gestión de la demanda en Atención Primaria pasa por definir claramente los procesos administrativos sin contenido asistencial relevante para que, con las instrucciones pertinentes, sean asumidos directamente por los PXS, descargando así la actividad asistencial del personal asistencial. Y también por la implantación de un procedimiento de resolución de la demanda no programada o urgente con un triaje previo o un modelo de gestión de la urgencia implementado, necesariamente, por personal asistencial.
Instrucción 1/22, por la que se determina el acceso a las pruebas diagnósticas de laboratorio e imagen para su solicitud desde Atención Primaria
Después de años solicitando para los médicos de Atención Primaria el acceso a todas las pruebas complementarias que se realicen en su área sanitaria —con el objetivo de incrementar su capacidad resolutiva y eliminar discriminaciones no justificables—, nos resulta incomprensible la publicación de esta instrucción en la que, en su punto tercero, generaliza dicho acceso a todas las categorías profesionales. La única salvaguarda es que la Xerencia de cada área puede asociarlo a un determinado perfil o protocolo, para lo que se señala como fecha límite el 1 de mayo de 2022.
Entendemos que la solicitud de una prueba de imagen o de laboratorio corresponde en exclusiva al médico, que será quien interprete y gestione el resultado. Y tememos que, de cumplirse esta desafortunada instrucción, los servicios de Análisis Clínicos y Radiología —entre otros— sufrirán una sobrecarga inadecuada, a mayores de la que ya soportan.
Cuestión diferente sería que, fruto de un acuerdo o protocolo consensuado en determinados casos, el médico, por motivos operativos, delegue en otros profesionales sanitarios algunas solicitudes concretas de pruebas complementarias. En todo caso, estas excepciones —que se vienen implementando desde hace tiempo— no precisan de una instrucción tan inútil y desajustada, de la que no alcanzamos a entender su objetivo.
Hemos solicitado aclaraciones a la Conselleria y al Sergas sin que, por el momento, hayamos recibido una respuesta satisfactoria. Creemos que la única solución pasa por la retirada del punto 3 o por la reformulación completa y consensuada de la instrucción —de la que, por cierto, solo tuvimos conocimiento tras su publicación en los medios de comunicación—. De no hacerse así, nos reservamos la opción de tomar las medidas legales necesarias.
Lamentamos mantener una posición tan crítica, pero estamos seguros de que representa a la inmensa mayoría de los colegiados. Nuestro deber constitucional de velar por una correcta asistencia sanitaria, con la necesaria calidad, seguridad y equidad, y por la deontología médica con la que nos hemos dotado, nos obliga a formular públicamente estas apreciaciones. Siempre estaremos a disposición de los responsables sanitarios públicos para mantener un diálogo constructivo con el objetivo común de mejorar la salud de los ciudadanos.
